Javier Ruíz Baldárrago -
Claramente, la Constitución Política asevera que todos somos iguales ante la ley y por lo tanto, no podemos ser discriminados por motivos de ninguna índole. Sin embargo, el Congreso ha sancionado una ley paternalista y populista que borra de un plumazo una serie de disposiciones constitucionales, destruyendo así la condición unitaria de nuestra nación. Nos referimos a la ley 29785, conocida como de consulta previa.
En efecto, crea un mecanismo que desarrolla un privilegio para sectores de la población a quienes por determinados “criterios objetivos”, se les otorga un especialísimo derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos (conceptos vagos que pueden ser interpretados extensamente) poniéndolos por sobre todos los demás peruanos que debemos acatar las medidas legislativas y administrativas sin que nos pidan permiso.
Así, los demás peruanos que supuestamente no encajamos en estos “criterios objetivos”, estamos siendo discriminados por “criterios” que resultan realmente más políticos, antropológicos y muy subjetivos, tornándonos en ciudadanos con menos derechos: ciudadanos de segunda clase.
Esta malhadada ley tiene que ver directamente con la disposición y aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.
Por lo tanto, el Estado es soberano en su aprovechamiento, siendo el Estado uno e indivisible y emanando su poder del pueblo, que somos todos. Entonces, ninguna ley puede recortar el DERECHO QUE TENEMOS TODOS LOS PERUANOS de aprovechar, usufructuar y disponer de nuestros recursos. Ciudadanos de Canto Grande, Güeppi o Cabanaconde tiene tanto derecho de beneficiarse y decidir sobre las riquezas de Conga o Tía María como el cajamarquino o el tambeño ¿o es que no somos un solo país? ¿por vivir en el Callao o cualquier ciudad de la costa y no ser originario, ser mestizo con sangres negra, china, india y blanca revueltas? ¿no tengo el mismo derecho a decidir sobre las riquezas de mi nación? ¿por qué cientos van a decidir por millones de peruanos? ¿o es que por vivir en una ciudad sin recursos naturales somos ciudadanos de segunda clase?.
Desde Bárbara d´Achille, los peruanos somos conscientes de la importancia de conservar nuestra biodiversidad y los hábitat que la sostienen.Tenemos las leyes necesarias para su protección. No necesitamos leyes como esta que no es constitucional, y sí debe haber vuelta atrás en su aplicación. Ya bastante estamos padeciendo con una regionalización improvisada que ha creado feudos en manos de inescrupulosos, quienes usando estas herramientas jurídicas, sólo lograran enfrentar más a los peruanos.
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